Por ADSECON Security Consulting S.A.S.
Marzo 2026 | Análisis técnico-pedagógico
El próximo 8 de marzo, 41,2 millones de colombianos están habilitados para elegir un nuevo Congreso. Pero esta no es una jornada electoral cualquiera. Es la primera en la que confluyen simultáneamente tres factores sin precedente: 27.000 combatientes ilegales en el territorio (récord histórico), 277 ataques con drones explosivos en un solo año, y una emergencia climática que afecta al 70% del país.
Desde ADSECON hemos realizado un análisis integral que va más allá del diagnóstico convencional. Lo que encontramos es un ecosistema de riesgos interconectados donde la amenaza ya no viene solo del fusil visible, sino de vectores que los informes tradicionales no contemplan: la asimetría tecnológica, el agua desbordada y el algoritmo de desinformación.
La paradoja de la pacificación: números que no cuadran
Colombia cerró 2025 con 13.726 homicidios intencionales, una cifra que se ha mantenido estable en un rango alto durante tres años consecutivos. Esto no es una transición hacia la paz: es violencia crónica normalizada.
Pero el panorama nacional oculta realidades territoriales mucho más graves. El Valle del Cauca registró 2.372 homicidios en 2025, con una tasa de 51 por cada 100.000 habitantes, el doble del promedio nacional. Cali, por su parte, cerró con 1.061 homicidios, manteniéndose como uno de los epicentros urbanos de violencia del continente.
Las masacres en el Valle se duplicaron: de 33 eventos en 2024 a 62 en 2025. Y mientras las cifras oficiales de extorsión muestran una leve baja nacional, los informes técnicos que hemos analizado indican que esta reducción responde a estrategias de invisibilización del crimen organizado para disminuir la presión estatal, mientras en el Valle la recurrencia real del delito creció más del 11%.
Los drones: el cambio de paradigma que nadie anticipa
Si hay un dato que define la transformación del conflicto colombiano en 2025, es este: 277 ataques con drones explosivos, frente a 119 en 2024. Un aumento del 132,7% en doce meses.
El 85% de estos ataques fueron ejecutados por una sola estructura: el Estado Mayor Central, las disidencias lideradas por alias “Mordisco”. Los drones permiten algo que antes era imposible: hostigar puestos de votación, sabotear antenas de transmisión de datos electorales e intimidar comunidades enteras sin necesidad de presencia física masiva en terreno.
Para el Plan Democracia 2026, que desplegará 246.000 efectivos para custodiar 13.750 puestos, esta asimetría es el desafío central. La seguridad perimetral convencional no fue diseñada para amenazas aéreas de bajo costo.
Gobernanza criminal: cuando el grupo armado reemplaza al Estado
En múltiples territorios del Valle del Cauca, los grupos armados no solo ejercen violencia: gobiernan. Regulan la movilidad, resuelven conflictos comunitarios para evitar intervención policial, controlan el acceso al transporte y condicionan el comportamiento electoral.
Esta gobernanza criminal silenciosa es quizás el factor de riesgo más subestimado. No se manifiesta en cifras de homicidios sino en autocensura: candidatos que renuncian, líderes que callan, votantes que saben exactamente a quién “deben” apoyar.
Los mapas de riesgo de la Misión de Observación Electoral clasifican 170 municipios en riesgo coincidente de fraude y violencia, con 81 en riesgo extremo. En el Valle del Cauca, 19 municipios están en esta categoría, con Jamundí, Buenaventura y Dagua como focos críticos.
El multiplicador que nadie contabiliza: el clima
El 70% del territorio colombiano está afectado por un frente frío inusual que ha dejado más de 580.000 damnificados. El 13,4% del censo electoral (5,5 millones de personas) reside en zonas de alerta roja hidrológica. Cerca de 2.800 puestos de votación están en riesgo de traslado por inundaciones y deslizamientos.
Este factor climático no aparece en los análisis de seguridad convencionales, pero multiplica cada vulnerabilidad existente: la vía cortada que impide el traslado de material electoral, el puesto reubicado que el votante no encuentra, la emergencia humanitaria que los grupos armados instrumentalizan condicionando ayudas a cambio de votos.
Lo que proponemos: de la reactividad a la protección proactiva
En ADSECON creemos que la gestión de riesgos electorales debe dejar de ser un ejercicio reactivo que empieza y termina el día de las elecciones. Nuestro informe propone recomendaciones diferenciadas para cinco sectores, con énfasis en los vacíos que los análisis convencionales no cubren:
Para empresas: no basta con decir “congele operaciones”. Hay que definir quién autoriza las excepciones (matriz de autorización escalonada), verificar que los proveedores tercerizados tengan rutas alternas, y activar protocolos de ciberseguridad porque el phishing se intensifica cuando la atención se centra en la seguridad física.
Para pymes y comercio: incluimos algo que ningún informe convencional contempla: un protocolo básico de reacción ante evento crítico. ¿Qué hace el comerciante de barrio si escucha detonaciones cerca de su negocio? Tres acciones inmediatas: cerrar accesos, resguardarse lejos de vitrinas, no salir hasta confirmación oficial.
Para la ciudadanía: abordamos el “después” que nadie cubre. El periodo post-cierre de mesas es históricamente uno de los más tensos, pero las guías existentes terminan cuando el votante deposita su tarjetón. También incluimos seguridad digital: no compartir ubicación en tiempo real mientras se desplaza a votar, no publicar fotos del tarjetón, y desconfiar de transporte “gratuito” al puesto.
Para autoridades y campañas: proponemos un sistema semáforo de proporcionalidad para el despliegue de Fuerza Pública (Verde, Amarillo, Rojo con dotaciones diferenciadas) y un protocolo de comunicación de crisis que incluya vocero designado y mensaje pre-aprobado.
Para el sector educativo: planteamos que las universidades y organizaciones sociales actúen como multiplicadores de las recomendaciones de seguridad, incluyendo un protocolo de “observador bajo amenaza” que los manuales estándar de observación electoral no contemplan.
El sistema de alertas que falta
Quizás el mayor vacío que identificamos es la ausencia de un mecanismo transversal que le diga a todos los sectores, simultáneamente, cómo actuar según la evolución de la situación. Por eso diseñamos un sistema de alertas escalonado (Verde, Amarillo, Naranja, Rojo) con acciones específicas para empresas, pymes y ciudadanía en cada nivel, activado exclusivamente por boletines del Puesto de Mando Unificado y la MOE. Nunca por cadenas de WhatsApp.
Conclusión: el 8 de marzo es más que un día de votación
El éxito de la jornada electoral no se medirá solo en votos contados. Se medirá en la capacidad del Estado, el sector privado y la ciudadanía para superar tres desafíos simultáneos: la gobernanza criminal que busca sustituir la voluntad popular, la asimetría tecnológica que permite ataques sin presencia física, y el factor climático que multiplica cada vulnerabilidad.
Desde ADSECON, nuestra misión es ver lo que otros no ven. El riesgo ya no es solo el fusil. Es el dron sobre el puesto de votación, el río que corta la vía, la cadena de WhatsApp que siembra pánico, y la ayuda humanitaria que condiciona el voto.
La democracia colombiana se defiende con información, preparación y coordinación. Y se defiende desde las urnas.
ADSECON S.A.S. Cali, Colombia
Consultoría integral en gestión de riesgos, seguridad convergente y continuidad operativa.
adsecon.com.co
